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Sinopsis

Las sobrevivientes pueden tener muchas razones válidas para no recurrir al sistema de justicia: miedo al agresor, miedo a la exposición pública, miedo de que los recursos no  satisfagan sus necesidades y miedo a las reacciones de la familia entre tantos otros factores sociales y económicos.   El sector justicia puede atender directamente algunos de los principales inquietudes de la sobreviviente tal como el temor a que no se le crea y la falta de fe en que el sistema de justicia condenará y castigará de forma efectiva al agresor.

El mejoramiento de la respuesta del sector justicia a las sobrevivientes debe comenzar en los niveles superiores de ese sector, con el Ministerio de Justicia, y continuar con mejoras en el sistema de órganos jurisdiccionales, mejora de la respuesta judicial, respuesta de procedimiento y respuesta de todos los demás actores en el sistema judicial, tal como los administradores de tribunales, actuarios, alguaciles y personal del centro jurisdiccional.  Una estrategia de mejoramiento comprehensiva debe tener como centro a la víctima y focalizarse en la seguridad de la sobreviviente ante todo. Luego se establecerán estrategias específicas para que los diversos actores del sistema de justicia mejoren la respuesta a las sobrevivientes.

 

Trabajar con el Ministerio de Justicia para mejorar la respuesta a las sobrevivientes

El Ministerio de Justicia es responsable de un sistema de justicia eficaz, imparcial y accesible. En muchos estados, el Ministerio de Justicia difunde información sobre el sistema jurídico entre profesionales jurídicos y toda losa ciudadanía. También puede aconsejar al Parlamento sobre temas jurídicos, redactar leyes y reformas y administrar programas de asistencia jurídica. A menudo, el Ministerio de Justicia supervisa a los órganos jurisdiccionales, comisiones y fiscales. Con frecuencia, actúa como enlace entre la rama ejecutiva y la rama judicial. Tiene poder fuera de la sala o edificio del órgano jurisdiccional para implementar estrategias amplias a efectos de mejorar la respuesta del sistema de justicia a las sobrevivientes.

 

Establecer una cultura de responsabilidad

El Ministerio de Justicia debe respaldar una política de tolerancia cero sobre la violencia contra las mujeres y niñas. Cuando un sistema de justicia impone castigos inmediatos y seguros por los actos de violencia, transmite el mensaje a la sociedad de que la violencia contra las mujeres y niñas no es aceptable, desvía la vergüenza de la víctima y puede detener futuros actos de violencia. Los Ministerios deben:

  • Establecer pautas de procesamiento y sentencias. Las mujeres y niñas víctimas de violencia necesitan la seguridad de que su caso recibirá los mismos recursos que los casos de violencia que no son de género y que los agresores estarán sujetos a las mismas pautas de sentencia que los agresores en los casos de violencia no vinculada al género.
  • Monitorear las decisiones de los jueces y fiscales para garantizar el cumplimiento de estas pautas.
  • Fomentar la posibilidad de que los Ministerios apelen las absoluciones o sentencias inapropiadas.
  • Crear conciencia pública sobre los procesamientos exitosos de loscasos de violencia contra las mujeres y niñas difundiendo estas noticias  regularmente  en los medios de comunicación.
  • Demostrar un compromiso para terminar con la violencia de género a través de la promoción de foros de políticas e intercambios técnicos entre países.

 

Asegurar el desarrollo del respaldo legislativo y sistemas de seguimiento 

  • Los Ministerios deben desarrollar, en acuerdo con los profesionales del sector justicia y ONG, protocolos, políticas y pautas para implementar las disposiciones legislativas sobre violencia contra las mujeres y niñas.
  • Los Ministerios deben trabajar para coordinar a través de los sectores y con otros ministerios que pueden ser responsables de determinados elementos del sistema de justicia.  Por ejemplo, el personal de apoyo a la sobreviviente puede ser educado bajo la supervisión del Ministerio de Servicio Social y no el Ministerio de Justicia. La atención de estos desafíos requiere un fuerte compromiso de capacitación intersectorial. 

 

Por ejemplo: el Ministerio de Asuntos de la Mujer en Afganistán hizo participar a una cantidad de ministerios y partes interesadas del sector judicial en el desarrollo de la Comisión de Eliminación de Violencia contra la Mujer.  El grupo de trabajo creó un plan multiestratégico que cubría la toma de conciencia jurídica, el acceso a la justicia, el respaldo a las víctimas, la recopilación de estadísticas sobre la violencia contra las mujeres y las estrategias para mejorar la capacidad y recursos de la Comisión.

 

Filipinas – La Suprema Corte conduce la reforma de la Administración Judicial

Después de que Filipinas vivió una revolución pacífica en 1986, la Suprema Corte encabezó reformas sistemáticas en el sector de justicia dirigidas a recuperar la credibilidad de los jueces, mejorar la eficiencia del sector justicia e incrementar el acceso a la justicia entre las poblaciones marginadas. Estas reformas tienen implicancias importantes para las mujeres y niñas que son víctimas de violencia.

Varios aspectos dignos de mención de la reforma judicial en Filipinas le dan al esfuerzo longevidad y credibilidad concreta. Primero, el esfuerzo de reforma fue concebido e implementado desde “lo alto” por la Suprema Corte. Segundo, el programa de reforma fue creado pensando en los desafíos del sistema. Ambos son factores importantes a considerar para incrementar el acceso al sector justicia entre las mujeres.

A principios de 1987, la Suprema Corte instituyó reformas que abarcaron desde un primer código de conducta hasta incrementar la capacitación del personal judicial y hasta la reorganización estructural de los tribunales. Estos esfuerzos tempranos crean el marco para el trabajo de política de 1998 del Presidente de la Suprema Corte sobre la reforma judicial, que luego evolucionó en el Programa de Acción para la Reforma Judicial (APJR) más formal. El APJR, adoptado por la Suprema Corte en 2001, “estableció un plan coherente de varios años con prioridades y estimación de costos” así como, de forma significativa, “una oficina de gestión del programa para garantizar la supervisión de políticas, coordinación, seguimiento…y acciones de seguimiento” (Banco Asiático de Desarrollo, 2009). Este plan de acción fue programado para durar desde 2001 a 2006 y apuntó a las siguientes áreas: sistemas y estructuras de administración judicial, la independencia y responsabilidad de los jueces; gestión, capacitación y desarrollo del personal, ética profesional y el acceso a la justicia por parte de los grupos marginados.

La Suprema Corte examinó específicamente el acceso a la justicia entre las mujeres. A través de un estudio conjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se halló que los prejuicios de género en el sistema judicial impiden el acceso de las mujeres a la justicia a pesar de que hay evidencia de los derechos de las mujeres en el marco jurídico. A grandes rasgos, el informe determinó que:

Las principales manifestaciones de prejuicio de género contra las mujeres en el sistema judicial son (a) las actitudes negativas hacia las infractoras y víctimas femeninas; (b) la trivialización de la violencia sexual y doméstica, donde a menudo las mujeres son juzgadas como que han provocado la violencia o seducido al violador; (c) procedimientos judiciales no sensibles al género; (d) los estereotipos de género que afectan la acción judicial; y (e) baja representación de las mujeres en los tribunales.

A efectos de abordar los prejuicios de género puestos al descubierto en el informe, la Suprema Corte redactó un plan de acción para incorporar la perspectiva de género en el sistema judicial. El plan comprendió la capacitación en sensibilidad de género para los jueces y otro personal judicial, la incorporación de los temas de género en el programa en las facultades de derecho, hacer que los tribunales sean sensibles al género y establecer determinados mecanismos y comités con el propósito de promover el objetivo de una judicatura sensible al género. Un aspecto especialmente significativo del plan involucró la asignación obligatoria de determinado porcentaje del presupuesto judicial para programas de género.

Mientras es probable que el plan de acción para incorporar la perspectiva de género de la Suprema Corte tenga un impacto directo sobre el acceso de las mujeres a la justicia, también es probable que otras reformas judiciales tengan un impacto a largo plazo aunque más indirecto sobre el acceso de las mujeres al sector justicia.

Por ejemplo, las largas demoras y la congestión en los juzgados a menudo evitan que las mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia accedan a la justicia. Para atender la eficiencia de los tribunales, la Suprema Corte reorganizó las jurisdicciones de los juzgados y las áreas de especialización con miras a lograr eficacia y justicia a tiempo. La Oficina de la Administración de la Corte (OCA) fue reorganizada a efectos de disminuir los retrasos y se emprendió un gran proyecto de descentralización para transferir la administración judicial. Además, los sistemas de administración judicial fueron informatizados en la Suprema Corte, Tribunal de Apelaciones, Tribunales de Apelaciones Tributarias y Sandiganbayan (tribunales especiales que investigan la corrupción). Estas reformas, de forma combinada, surtieron efecto sobre la capacidad de los juzgados de gestionar el incremento de número de casos (Banco Asiático de Desarrollo, 2009).

Además de los problemas de eficiencia, la percepción de corrupción o corrupción concreta y la falta de integridad de los jueces también impiden que las mujeres y niñas que han padecido violencia accedan a la justicia. A efectos de aumentar la confianza pública en los jueces, la Suprema Corte adoptó un código de conducta para los profesionales judiciales en 2004. La Academia de Jueces de Filipinas imparte capacitación sobre el código de ética y su aplicación se realiza a través de OCA. Este código de ética es respaldado a través de refuerzo positivo y negativo, a través de la Suprema Corte que “impone sanciones por mala conducta" y ofrece “incentivos positivos para mejorar el rendimiento, tal como premios a la excelencia judicial”. (Banco Asiático de Desarrollo, 2009). 

 

Repercusiones e Impactos:

Aunque el APJR finalizó en 2006, la Suprema Corte continuó promulgando reformas inspiradas en el APJR hasta 2009. Por ejemplo, más recientemente, las reformas dirigidas a mejorar el acceso a la justicia comprendieron el Programa Justicia Sobre Ruedas. Estos tribunales móviles no solo acercarán la justicia a los poblados remotos sino que también educarán sobre derechos humanos y cumplirán funciones de extensión. Otras reformas de APJR, tales como la descentralización continua de la administración judicial, también han continuado luego de 2006.

Aunque algunos de los temas siguen necesitando mejoras dentro del sistema judicial filipino, la continuación de las reformas más allá del APJR es testimonio de la función de la Suprema Corte en la formulación del plan de reforma así como la naturaleza sistémica del esfuerzo.

Respecto al acceso a la justicia por parte de las mujeres, tanto un esfuerzo sistemático como el liderazgo desde lo alto son factores importantes para lograr cambios. Como se mencionó, las reformas tanto en el área del “acceso a la justicia” y en áreas tales como eficiencia y responsabilidad a la larga desempeñan un papel en el incremento del acceso de la mujer al sector justicia. Como resultado es fundamental una campaña de reforma sistemática para atender las barreras multidimensionales que las mujeres enfrentan en el acceso a la justicia.

Además, el liderazgo de la Suprema Corte fue importante al aportar al esfuerzo de reforma un aspecto de legitimidad y seriedad. PNUD 2003. Promoting Gender Sensitivity in the Philippine Court System in the Philippines. (Promoción de la conciencia de género en el sistema judicial filipino en Filipinas) 

à New Code of Conduct for the Philippine Judiciary (Nuevo código de conducta para la judicatura filipina) [anotado] (USAID, ABA-ROLI, Supreme Court of the Philippines, 2007). Disponible en inglés.

Los Ministerios deben desarrollar y mantener la capacidad de obtener estadísticas sobre las tasas de violencia contra las mujeres y niñas mediante encuestas específicas a gran escala o módulos más pequeños dentro de otras encuestas de salud o demográficas. Los Ministerios deben solicitar al sistema de justicia penal que desglose los datos de aplicación de la ley y de los delitos por género, edad y tipo de relación para mejorar su utilidad en el seguimiento de la violencia contra las mujeres. Si hay tipos de violencia que son relevantes regionalmente tales como quemaduras con estufas, los ministerios también deben solicitar la recolección de datos sobre estos temas. Por más información sobre la recolección de datos cuantitativos, vea la sección de Seguimiento de Leyes en el módulo de Legislación.

Los Ministerios deben desarrollar sistemas de seguimiento independientes para el desempeño de jueces y fiscales. Los ministerios deben trabajar con profesionales del sector justicia y ONG que trabajan con víctimas para desarrollar el sistema, pero el sistema debe funcionar independientemente de cualquiera de los actores que lo haya desarrollado.

Los ministerios deben asignar una financiación sostenible para la educación de los estudiantes de derecho sobre los estándares internacionales de derechos humanos y capacitación adicional para jueces y fiscales sobre los estándares de derechos humanos y su aplicación a los casos de violencia contra las mujeres.

 

Herramientas:  

Justice Reform and Gender (INSTRAW y DCAF, 2008). Disponible en inglés.

Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence Against Women in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice: Resource Manual (Estrategias modelo y medidas prácticas sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres en el campo de la prevención de delitos y justicia penal: Manual de recurso) (Centro Internacional para la Reforma de la Ley Penal, 1999). La Sección IV ofrece pautas para sentencias y recomendaciones de políticas para dictar sentencia en los casos de violencia contra las mujeres.  Disponible en inglés y francés.

Video : Broadening the Concept of “Justice” for Women and Girl-Survivors of Conflict Violence (Ampliando el concepto de “justicia” para las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia de conflicto) (Conferencia del Centro Global Avon para la Mujer y la Justicia de 2010) (En inglés)

Lista de seis puntos sobre la justicia respecto a la violencia contra las mujeres (Amnistía Internacional, 2010). Disponible en inglés, francés, español, árabe y chino.