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¿Cuáles son los puntos de ingreso y las estrategias fundamentales?

Los puntos de ingreso contextuales para responder a la violencia contra la mujer incluyen los siguientes:

  • Procesos de reforma del sector de la seguridad  : La reforma brinda la oportunidad de integrar las estrategias para abordar la cuestión en todo el sector de forma institucionalizada y entraña:
    • Un examen crítico de los objetivos y el mandato del sector que dé lugar al desarrollo de un sector más democrático y responsable y que tenga en cuenta las necesidades de seguridad de la mujer.
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    • Evaluación/revisión de la legislación, las políticas y los protocolos relacionados con la seguridad que permitan a los promotores fomentar un marco jurídico que tenga en cuenta el género y establezca un mandato, objetivos y procedimientos claros para que las instituciones de seguridad prevengan y aborden la violencia contra la mujer.
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    • Consultas con los interesados. Las concepciones del sector de la seguridad se han ampliado y ahora trascienden una visión limitada a las fuerzas armadas y la policía e incluyen un conjunto más amplio de instituciones estatales y no estatales que participan en la provisión de servicios de seguridad a los ciudadanos (Vlachova y Biason, 2003). Las consultas amplias celebradas con la sociedad civil y otros interesados como parte del proceso de reforma pueden permitir que las organizaciones de mujeres promuevan una respuesta a la violencia dentro del marco más amplio del cambio institucional y sectorial. La participación de organizaciones de mujeres, en particular representantes de grupos de mujeres, indígenas y otros grupos marginados, en los procesos de reforma participativos es fundamental para garantizar que el análisis de las amenazas concretas a la seguridad que experimentan las mujeres y las niñas (entre otras preocupaciones) se tenga en cuenta e integre en las medidas normativas y los programas.  
    • Políticas e iniciativas explícitas para contratar y mantener a más mujeres en las instituciones y las fuerzas, que puedan contribuir a mejorar la confianza y las percepciones de las mujeres sobre la policía y aumentar las denuncias y la concienciación sobre la cuestión entre el personal.
  • Informes y examen de las iniciativas estatales: La identificación de las prácticas prometedoras y las brechas puede lograrse mediante la vigilancia periódica y la presentación de informes de los gobiernos, como los que exigen distintos acuerdos internacionales y regionales. Las iniciativas de vigilancia y los informes pueden atraer la atención internacional hacia los mecanismos de protección y respuesta inadecuados o las violaciones de los derechos humanos de la mujer por las instituciones de seguridad, y pueden brindar la oportunidad de promover recomendaciones sectoriales específicas a los Estados. Por ejemplo, véanse las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, los informes de los avances del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) y los informes de países de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias.
  • Recuperación de crisis y procesos de reforma formulados durante períodos posteriores a los conflictos: Los papeles y los estereotipos de género suelen verse cuestionados durante los conflictos (por ejemplo, las mujeres podrían encontrar nuevas posiciones económicas o asumir funciones políticas anteriormente desempeñadas por hombres, o participar de otras formas durante los períodos de conflicto). Aunque esto puede brindar la oportunidad de un cambio de más largo plazo en las relaciones de género y las actitudes respecto de la mujer, con frecuencia se procura restablecer los papeles de género más rígidos en el período posterior a los conflictos. Las oportunidades específicas para integrar las cuestiones de género y la violencia contra la mujer incluyen:
    • Cambios de liderazgo que faciliten las reformas del sector, en particular cuando se han producido abusos de poder por el personal (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2002).
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    • Programas de consolidación del Estado y la paz, que a menudo cuentan con el apoyo de donantes internacionales y se centran en la formación de un Estado capaz, que rinda cuentas y responda ante los ciudadanos, y al mismo tiempo garantice la seguridad básica y promueva la paz y la reconciliación. Con frecuencia estos programas entrañan consultas con diferentes grupos de la sociedad y brindan la oportunidad de garantizar que las cuestiones de igualdad de género y violencia contra la mujer se comprendan e integren en la formulación de políticas, los programas y las prioridades.
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    • Programas sobre el estado de derecho que se centren en el establecimiento de un marco jurídico sólido e independiente y un poder judicial que pueda promover una mayor vigilancia y rendición de cuentas civil del sector.
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    • Los programas de desarme, desmovilización y reintegración pueden despertar la conciencia y promover un cambio en las actitudes de los excombatientes hacia la violencia contra la mujer, que es fundamental para abordar el potencial de una mayor violencia doméstica durante el período de transición después de un conflicto, en particular el abuso perpetrado por los excombatientes.
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    • Las iniciativas para poner en práctica las resoluciones del Consejo de Seguridad 1325, 1820, 1888, 1889 y 1960 hacen mayor hincapié en las cuestiones de seguridad de la mujer y la violencia contra esta en el programa más amplio de políticas de paz y seguridad. Así pues, muchos países están elaborando planes de acción nacionales en cumplimiento de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad, que con frecuencia se elaboran por medio de un proceso consultivo y brindan la oportunidad de promover la inclusión de un mandato claro para el sector que aborde la violencia contra la mujer con objetivos definidos y un marco de vigilancia y evaluación firme, con indicadores para medir el desempeño. Para ver los planes de acción nacionales disponibles por país, puede consultar la Base de datos del Secretario General sobre la violencia contra la mujer.
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    • Para más detalles, véase el módulo sobre la violencia contra la mujer en entornos de conflicto y posteriores a conflictos.

(CAD/OCDE, 2009)

 

  • La creciente percepción del acceso a la seguridad y la justicia como servicios básicos (semejantes a la salud, la educación y otros): Este cambio reciente ha llevado a las organizaciones internacionales a centrarse en garantizar la seguridad de los grupos más marginados y vulnerables. Esto brinda la oportunidad de poner de relieve las graves consecuencias de la violencia en las mujeres y niñas, sus familias y comunidades, y promover una mayor atención a sus necesidades en materia de seguridad.

Para capitalizar estas oportunidades y responder a los desafíos de trabajar con la policía y las fuerzas armadas, pueden aplicarse varias estrategias fundamentales en relación con cuatro esferas principales:

  • Fortalecimiento de la capacidad institucional de las organizaciones de seguridad y de las competencias del personal. A fin de garantizar que el sector tenga la capacidad operacional para responder eficazmente al problema, se requieren inversiones en todo el sistema en la capacidad, las estructuras y los procesos institucionales, incluidos las competencias y los conocimientos del personal necesarios para responder a los incidentes, proteger a las víctimas, investigar y remitir casos. Ello podría incluir:
    • El establecimiento de oficinas y centros de coordinación en materia de género especiales a nivel nacional dentro de las instituciones de seguridad;
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    • El fortalecimiento de los mecanismos de coordinación de la policía, el sector de la salud, la justicia y otros sectores, a fin de garantizar respuestas multisectoriales amplias;
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    • La aplicación de políticas y prácticas de recursos humanos que tengan en cuenta el género (como cuotas, exámenes de los candidatos a ascensos y otras medidas para incrementar la contratación, retención y promoción de las mujeres en las instituciones de seguridad);
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    • La institucionalización de la formación anterior al empleo y en el empleo del personal de seguridad sobre derechos humanos de la mujer, prevención de la violencia y respuesta a ella, idealmente con la participación de distintos sectores (es decir, otros proveedores de servicios) para mejorar las interrelaciones entre organismos;
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    • El suministro de desarrollo profesional complementario, como orientación, visitas de estudio y oportunidades de aprendizaje;
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    • El establecimiento de normas profesionales que garanticen el cumplimiento y que velen por que los funcionarios y las dependencias rindan cuentas de su desempeño por medio de la vigilancia de las descripciones de sus puestos y su desempeño profesional;
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    • El desarrollo de un sistema de datos amplio y armonizado para el registro de casos;
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El mantenimiento de infraestructura y equipo adecuados en los locales de la policía, como vehículos, cámaras, salas privadas para entrevistas, camas de emergencia y profilaxis posterior a la exposición y anticonceptivos de emergencia (para el personal capacitado para administrarlos en casos de violación).           

  • Mejora de la prestación de servicios a las supervivientes de la violencia y a las mujeres y niñas en situación de riesgo. La policía (y en entornos de conflicto y después de estos, las fuerzas armadas) desempeña un papel importante en la respuesta eficaz para las víctimas de la violencia, garantizando que estén protegidas de nuevos daños y facilitando la reparación por los delitos cometidos contra ellas. Es indispensable que la policía respete y observe los derechos de la mujer en todos los aspectos de su trabajo, en particular al responder a los incidentes de violencia contra ella. Esto puede prevenir que las mujeres y las niñas vuelvan a convertirse en víctimas como respuesta inmediata a un incidente o durante el proceso de investigación; garantizar que reciban la mayor asistencia médica, jurídica y socioeconómica a la que tienen derecho; y facilitar el enjuiciamiento de los autores de la violencia. Los principales enfoques para mejorar la prestación de servicios incluyen los siguientes:
    • La promoción de respuestas de la policía sistemáticas y apropiadas a incidentes de violencia; 
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    • La aplicación de procedimientos normalizados para la investigación eficaz y la documentación de casos;
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    • El fortalecimiento de la coordinación a nivel de la comunidad como parte de una red de remisión multisectorial con la participación de organizaciones y actores que prestan asistencia médica inmediata, apoyo psicosocial,  vivienda y asistencia jurídica y económica;
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    • La puesta en práctica de procedimientos operacionales específicos (relacionados con el despliegue, las rutinas de patrulla) para proteger mejor a las mujeres y las niñas;
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    • El establecimiento de comisarías/dependencias especializadas para la mujer, que reconozcan que, aunque las mujeres suelen preferir presentar las denuncias a otras mujeres, los hombres de la comunidad adecuadamente capacitados también pueden contribuir a un mayor número de denuncias de violencia;
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    • La inversión en servicios integrales para responder a las múltiples necesidades de las supervivientes en zonas de gran densidad, elevada prevalencia y otros lugares posibles;
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    • La mejora de la seguridad a nivel de la comunidad por medio de actividades policiales de base comunitaria, coordinación con proveedores informales de seguridad y mecanismos alternativos, y participación y divulgación comunitaria para fortalecer la confianza de la comunidad y la colaboración con actores de seguridad y despertar la conciencia respecto de la tolerancia cero sobre la violencia contra las mujeres y niñas y promoverla;
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    • La elaboración de mecanismos para garantizar el cumplimiento y la rendición de cuentas del personal.
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    • Establecimiento de mecanismos de gobernanza y vigilancia que aseguren la rendición de cuentas del sector. La gobernanza eficaz, junto con la vigilancia comunitaria, nacional, regional e internacional, es indispensable para aplicar controles eficaces, así como para prevenir abusos de poder dentro del sector. La fiscalización independiente (que incluye la supervisión, la inspección, la responsabilidad y el control) puede garantizar que las instituciones y los actores, especialmente la policía y otro personal uniformado, respeten el estado de derecho y los derechos humanos de las mujeres y niñas, en el marco del cumplimiento de sus funciones y responsabilidades establecidas de conformidad con la ley. Los métodos para mejorar la rendición de cuentas del sector incluyen los siguientes (OCDE, 2009; Secretario General de las Naciones Unidas, 2008):