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Las instituciones de seguridad deberían garantizar la “tolerancia cero” de todas las formas de violencia contra la mujer

La violencia perpetrada por los actores de seguridad, incluidos soldados y agentes de policía, actuando a título individual o en grupo, varía desde el acoso y la agresión sexuales, la complicidad en la explotación sexual y la trata de personas hasta la violencia contra la pareja y los miembros de la familia. Estas violaciones de los derechos humanos se perpetúan como resultado de culturas institucionales discriminatorias en que se acepta la violencia de género como normal. Los funcionarios de todos los niveles deben rendir cuentas de todos los abusos que cometieron en su calidad de ciudadanos sujetos a las mismas leyes y de actores del Estado obligados a defender los derechos y aumentar la seguridad de todas las mujeres y niñas. Esto permite abordar la cultura de impunidad y la desconfianza generalizada en la policía y otros actores de seguridad que impera en muchos entornos (Oficina de las Naciones Unidas en África occidental, DCAF, Centro de Desarrollo de la Perspectiva de Género de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), Red de Paz de las Mujeres de la Unión del Río Mano (MARWOPNET), Alianza para la Migración, el Liderazgo y el Desarrollo, 2010). La aplicación eficaz de políticas de “tolerancia cero” puede crear una mayor demanda de servicios de la policía; promover una mayor presentación de denuncias de casos por las supervivientes; y aumentar la cooperación entre las comunidades y la policía, lo que mejora la eficacia de las instituciones y las contribuciones de las fuerzas del orden al cumplimiento de los objetivos generales de seguridad. La comunicación pública sobre las iniciativas institucionales para poner fin a la violencia perpetrada por el personal de seguridad (ya sea en el plano interno o dentro del sistema de justicia penal) es importante para demostrar la rendición de cuentas y la transparencia del sector.