ESCAPE RAPIDO DE SITIO

Sinopsis

  • Las unidades especializadas cuyo mandato es tratar la violencia de género o apoyar a las mujeres y otros grupos vulnerables son un mecanismo de prestación de servicios importante en ausencia de políticas sistematizadas y protocolos policiales de respuesta a casos de violencia.
  • La unidades especializadas pueden ocuparse de formas específicas de maltrato o cubrir la violencia contra las mujeres en términos generales; su mandato puede incluir varios tipos de apoyo (por ej. administrar tratamiento médico urgente, orientación psicológica, etc.) además de ofrecer seguridad inmediata y documentar incidentes de violencia para posibles investigaciones. Existen varios modelos para las unidades especializadas, tales como comisarías para la mujer, como las que se iniciaron en América Latina; oficinas de género o unidades de apoyo a las víctimas, las cuales pueden tener personal de seguridad femenino y/o masculino; y modelos que comprenden defensores de la víctima y otros profesionales que proporcionan servicios de emergencia.
  • Las principales lecciones de las experiencias en América Latina (Denham 2008; Jubb et al., 2008; Jubb y Izumino, 2003; Morrison et al., 2007) y en otros lados indicaron que:
    • Estas unidades necesitan estar institucionalizadas y ser parte de un enfoque que abarque todo el sistema, y contar con una inversión adecuada y a largo plazo en capacitación y recursos profesionales. Un enfoque que abarque todo el sistema también debe incluir el nivel comunitario (por ej. proporcionar a las comisarías de mujeres con el mismo nivel de apoyo que las otras comisarías e integrar las unidades dentro de las estrategias y planes generales de mantenimiento del orden público comunitario)
    • Es importante la función de un ente rector nacional en el diseño e implementación de los programas para mejorar la calidad de los servicios y crear estándares para los procedimientos y servicios de las comisarías de mujeres. Algunos países (por ej. Ecuador y Nicaragua) han establecido un ente de control nacional para regular el trabajo de las comisarías, manejar su funcionamiento a nivel nacional, crear protocolos para definir los estándares y la calidad técnica de los servicios, y monitorear y supervisar la implementación del protocolo.
    • El éxito de estas unidades está conectado a otros sectores y el sistema en general. Por ejemplo, respuestas judiciales débiles y la impunidad de los perpetradores tienen como resultado tasas de enjuiciamiento bajas, a pesar del aumento de las denuncias a la policía. Al mismo tiempo, la interpretación y aplicación de las leyes por parte de la policía así como la calidad de los servicios, también afectan la posibilidad de procesamiento judicial de los casos.
    • Existe el riesgo que esas unidades queden aisladas, marginando la función de abordar la violencia en personal/secciones específicas, obligando a las mujeres a acudir solo a esas unidades, y alejando de la policía la responsabilidad de responder ante la violencia de género (por ej. Brasil y Ecuador).
    • Las unidades de género/ comisarías de mujeres necesitan estar provistas de recursos humanos e infraestructura física y de comunicación adecuados; por ej. líneas telefónicas de emergencia, vehículos, y espacios privados para las entrevistas, y (cuando sea relevante) exámenes médicos.
    • Las unidades especializadas son más difíciles de implementar en áreas rurales debido a la escasez de personal e infraestructura para responder adecuadamente a las necesidades de las sobrevivientes. En algunos países, se han realizado esfuerzos para llegar hasta las mujeres rurales usando comisarías móviles, como en Nicaragua (y anteriormente en Ecuador). En esos casos el personal de la comisaría y uno o más especialistas de otras instituciones y/o organizaciones visitan las comunidades más alejadas, incluidas las rurales, para proporcionar información general, registrar denuncias, y hacer seguimiento a los casos ya registrados.
    • Las mujeres oficiales también necesitan una capacitación adecuada; no “saben escuchar” automáticamente y su mera presencia no es equivalente a la mejor actitud con las mujeres maltratadas.
    • Aún donde existen comisarías, hay evidencia que se continua el uso de los procesos de mediación y conciliación en lugar de llevar a cabo investigaciones y llevar los casos rápidamente a juicio. Ello se puede abordar con la fijación de pautas, capacitación y monitoreo.
    • Los mecanismos de coordinación dentro de la policía y del sistema judicial, al igual que otros prestadores de servicios, deben ser sólidos.

 

Algunos componentes claves de la metodología de capacitación fueron:   

  • Cubrir temas relacionados con la interacción de la policía con las sobrevivientes, tales como destrezas de comunicación interpersonal. Por ejemplo, se alentaba a los oficiales de Unidad a usar ropa civil y reflexionar sobre la tendencia de la policía de entrevistar a las sobrevivientes de la misma manera que interrogarían a los sospechosos. Se recurrió al juego de roles para alentar a los oficiales a desarrollar empatía con las sobrevivientes y llevar a cabo las entrevistas iniciales de una manera menos intimidante.
  • Usar un enfoque de formación de formadores: Los oficiales seleccionados para la capacitación de aula también recibieron formación de formadores para asegurar la sostenibilidad durante el período de estudio y después. Al volver a sus unidades, se esperaba que los oficiales capacitaran a sus colegas.
  • Tener un equipo facilitador multidisciplinario, que incluyó trabajadores de la salud y oficiales de policía superiores. Dada la naturaleza jerárquica de las instituciones policiales, la presencia de un oficial de alto rango durante el curso ayudó a demostrar el compromiso de la policía con la iniciativa y a resolver cualquier interrogante sobre la alineación de la intervención con la política institucional. La presencia de profesionales sanitarios experimentados ayudó a disipar falsas ideas que pudieran tener los oficiales en cuanto a política hospitalaria, procedimientos de examen de violencia sexual, profilaxis posexposición para el VIH e ITS, y responder a preguntas sobre salud sexual y reproductiva.
  • Provisión de suministros: cada comisaría fue dotada de suministros básicos para administrar anticoncepción de emergencia a sobrevivientes de violencia sexual, que incluía una caja de seguridad para almacenar los anticonceptivos y los otros suministros de modo de controlar el registro y la seguridad de los medicamentos, material de apoyo para proveedores, herramientas de registro, y existencias de anticonceptivos de emergencia e instrucciones para el reabastecimiento.
  • Apoyo multisectorial: Aunque la intervención se concentró principalmente en el fortalecimiento de las respuestas policiales a la violencia sexual, también reconoció la necesidad de mejorar la atención médica en los centros de derivación y proporcionó capacitación en anticoncepción de emergencia y violencia de género a 23 integrantes del personal médico y de enfermería de los 17 centros de salud incluidos en la investigación formativa.

Resultados: Las evaluaciones basadas en datos administrativos, una encuesta del conocimiento, actitudes y prácticas de los proveedores de servicios, y grupos de discusiones revelaron que:

  • La policía puede administrar anticonceptivos de emergencia de forma segura y efectiva. Durante la intervención, oficiales capacitados administraron un total de 357 dosis de anticonceptivos de emergencia a sobrevivientes. No se observó ningún efecto adverso ni incidentes por mal uso.
  • Entre 2006 y 2007, en las comisarías participantes, las denuncias de casos de violencia sexual aumentaron en un 48 por ciento. La policía también informó que las sobrevivientes ya no tenían que esperar turno en las comisarías una vez que se identificaban como denunciantes de violencia sexual.
  • Oficiales de las unidades entrenados derivaron consistentemente a las víctimas a otros servicios de salud, que incluyó profilaxis posexposición; 3 de los 5 centros de intervención registraron tasas de derivación de 95% o más.
  • La administración provincial consideró que el programa fue exitoso, sostenible y eficaz en relación al costo.

En base a los resultados de la intervención, se desarrollaron recomendaciones para aumentar el programa a escala nacional; las mismas incluyen incorporar el suministro policial de anticoncepción de emergencia en las políticas y reglamentación provincial y nacional; integrar la contracepción de emergencia en el programa nacional de entrenamiento para todos los oficiales; integrar servicios de contracepción de emergencia en el currículo nacional de entrenamiento de la Unidad de Apoyo a las Víctimas y ofrecer certificación del Ministerio de Salud; asignar personal sanitario para apoyar a los proveedores policiales de contracepción de emergencia; desarrollar enfoques innovadores para solucionar los problemas de transporte 

Extraído de: Consejo de Población. 2009. ‘The Copperbelt model of integrated care for survivors of rape and defilement: Testing the feasibility of police provision of emergency contraceptive pills’.

 

 Práctica promisoria: Policía de Bangladesh y Centros de la Sociedad Civil de Apoyo a Víctimas

En 2009, como parte del Programa de Reforma de la Policía, se estableció el primer Centro de Apoyo a Víctimas  en Dhaka para apoyar a sobrevivientes de violencia doméstica, trata de personas, quemaduras de ácido, acoso sexual y violación. El establecimiento del Centro dentro de una institución policial e integrado por mujeres oficiales capacitadas tenía el propósito de alentar a las sobrevivientes a denunciar los delitos a la policía en un ambiente seguro, así como acceder a servicios profesionales. Para 2010, se estaban creando siete Centros más.

Los objetivos de los Centros son:

  • Eliminar las barreras sociales y culturales para facilitar las denuncias de delitos contra mujeres, niñas y niños;
  • Proporcionar servicios oportunos y profesionales a las víctimas;
  • Desempeñar un papel eficaz en la custodia de las víctimas y protección de sus derechos legales;
  • Combinar esfuerzos del gobierno e instituciones no gubernamentales para asegurar los mejores servicios para las víctimas;
  • Proteger a la víctima de la victimización repetida;
  • Enmarcar pautas para formular políticas eficaces sobre prevención del delito y preservar información relacionada con los delitos.

Servicios prestados: El Centro brinda una amplia variedad de servicios incluido albergue de emergencia y seguridad inmediata, atención médica, asesoramiento y asistencia legal, apoyo y orientación psicológica, oportunidades de capacitación y desarrollo, y apoyo para la reintegración familiar y comunitaria. Su mandato es:

  • Recibir a las víctimas con honor y dignidad;
  • Asegurar un ambiente acogedor para brindar información a mujeres, niños y niñas;
  • Escuchar a las víctimas y conocer sus problemas;
  • Registrar la denuncia de la víctima;
  • Proporcionar asistencia con respecto al Primer Informe;
  • Informar a la sobreviviente sobre el proceso legal;
  • Brindar asistencia médica de emergencia a la sobreviviente y llevarla a un centro médico en las circunstancias apropiadas;
  • Asistir en el proceso de investigación e informar a la sobreviviente sobre los progresos;
  • Asistir a la sobreviviente; de ser necesario, proporcionándole información por teléfono;
  • Ofrecer orientación psicológica;
  • Encargarse de las pertenencias de la víctima y guardarlas de forma respetuosa y segura, y devolverlas lo antes posible a solicitud.;
  • Derivar a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para obtener asistencia a largo plazo (albergue, legal, cuidado físico/mental, integración familiar, etc.);
  • Prestar servicios a las víctimas que permanecen hasta cinco días.

Lecciones aprendidas

  • Se debe procurar más participación y colaboración de otros ministerios y funcionarios públicos (por ej. Ministerio del Interior) más temprano en el programa para asegurar la sostenibilidad de la iniciativa y permitir que la policía continúe con las actividades implementadas como parte del proceso de reforma.

Fuentes: Policía de Bangladesh, Ministerio del Interior – Programa de Reforma de la Policía; correspondencia por correo-e, Saferworld London (2010); PNUD Bangladesh. 2011. “Bangladesh Police, 10 NGOs sign MoA.”

 

Otros ejemplos de unidades de apoyo a la familia/mujer en las comisarías locales

  • En Rwanda, en cada una de las 69 comisarías de todo el país, se han asignado oficiales de policía especialmente entrenados para intervenir en casos de violencia contra las mujeres y niñas, asegurando que las mujeres tengan acceso a apoyo especializado descentralizado. UNIFEM (y ahora ONU Mujeres) ha dotado a algunos oficiales de equipo esencial, incluidas motocicletas, escritorios, computadoras y otros vehículos. Las sobrevivientes alertan a la policía sobre los incidentes a través de una línea de emergencia nacional centralizada (3512) que deriva las llamadas a la unidad de respuesta indicada. La oficina proporciona a las mujeres y niñas el marco legal y las herramientas para mejorar su protección y acceso a apoyo. Informes basados en observaciones someras indican una disminución de la violencia contra las mujeres desde la creación de la oficina de género. Como parte de la iniciativa, la policía de Rwanda ofreció servicios regionales de capacitación en violencia de género a otras instituciones policiales en la región y la oficina de género está siendo observada como modelo para replicar en los países vecinos. Los desafíos identificados para el modelo incluyen: inversión intensa en recursos requerida para establecer y sostener las oficinas, recursos humanos limitados, poca cobertura de líneas telefónicas de emergencia, mecanismos de coordinación limitados y falta de salas de entrevista e instalaciones adecuadas (Juntas Ejecutivas, PNUD/ UNFPA, UNICEF y PMA, 2010).
  • Sierra Leona: Las Unidades de Apoyo Familiar establecidas en 2001 están compuestas por policías que han sido capacitados para trabajar con víctimas de violencia sexual y doméstica, así como delitos contra la infancia y perpetrados por niños y niñas. La unidad proporciona la respuesta inicial ante incidentes de violencia, incluidas las derivaciones a asistencia legal y atención médica gratuitas, así como seguimiento de casos para el proceso judicial y apoyo a las víctimas; organiza campañas comunitarias de difusión sobre las implicaciones de la violencia de género y para concientizar sobre la necesidad de presentar cargos contra los perpetradores. Un Memorando de Entendimiento entre la Policía de Sierra Leona y el Ministerio de Bienestar Social, y Asuntos de Género y de la Infancia (responsable de los mandatos de las derivaciones, o de la prestación directa de atención psicológica y asesoramiento legal) promueve la presencia de un trabajador social del Ministerio dentro de las Unidades de Apoyo Familiar. En 2010, había 41 Unidades de Apoyo Familiar en todo el país. Las Unidades han observado un aumento de los arrestos y se considera que han sido un esfuerzo relativamente exitoso para abordar la violencia. La Encuesta del Sector Justicia de Sierra Leona, 2008 observa que los “delitos sexuales denunciados han disminuido desde 2005-7, demostrando que (las Unidades) están teniendo un impacto en todo el país” (Policía de Sierra Leona & Ministerio de Bienestar Social y Asuntos de Género y de la Infancia, 2008; Barnes, 2007; Campaign for Good Governance, 2004; UNICEF, 2005; Bastick, M., Grimm, K. y Kunz, R., 2006; Base de Datos del Secretario General de la ONU, 2010).
  • En Afganistán, UNFPA está respaldando la creación de Unidades de Respuesta Familiar en la Policía Nacional. Esas Unidades están integradas en gran parte por mujeres policías afganas, quienes reciben capacitación que les permite actuar ante la violencia contra las mujeres, violencia familiar, niños y niñas en problemas, y secuestros, y para brindar apoyo a mujeres víctimas de delitos (UNFPA, 2006). Las Unidades son secciones discretas de la policía, con entrada separada para las mujeres y un teléfono celular de emergencia al que las mujeres y niñas pueden llamar. Hay 22 Unidades de Respuesta Familiar, que cuentan con asesores de la policía civil, anexas a las comisarías en 7 provincias (Kabul, Balkh, Herat, Konduz, Jawzjan, Takhar, y Bamiyan). Las Unidades son un espacio donde las mujeres, niñas y niños y familias pueden denunciar incidentes violentos y diputas familiares a las autoridades del orden público.

En la Base de Datos del Secretario General sobre Violencia contra las Mujeres y Niñas se pueden encontrar más ejemplos de países.