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Introducción

La promulgación de legislación para abordar la violencia contra la mujer es un primer paso en la lucha contra esta violencia. Sin embargo, para poner fin a la violencia contra la mujer, es también de fundamental importancia prescribir la aplicación de estas leyes y elaborar estrategias que faciliten dicha aplicación. Las personas e instituciones a las que se asigne el cometido de aplicar la legislación relativa a la violencia contra la mujer, como la policía, el ministerio público, los jueces, las profesiones de ayuda y los dirigentes comunitarios, deben conocer a fondo esa legislación y deben poder aplicarla de manera adecuada y teniendo en cuenta la perspectiva de género. Además, es importante que la sociedad en su conjunto conozca la violencia contra la mujer y se conciencie sobre ella. Las leyes y estrategias deben consignar las responsabilidades de las personas y organizaciones tanto del sector público como del privado en los ámbitos local, nacional e internacional. El modelo ideal para poner fin a la violencia contra la mujer es una comunidad en la que todos los sectores, organismos y grupos de la sociedad civil se unen para desarrollar el compromiso de apoyar a las víctimas y exigir responsabilidades a los agresores. Reflejar este compromiso en planes de acción, campañas, acuerdos interinstitucionales, planes locales y regionales, etc., es el mejor modo de garantizar la aplicación eficaz de las leyes relativas a la violencia contra la mujer. Esta planificación y comunicación conjunta recibe el nombre de “respuesta comunitaria coordinada”.

Componentes de la aplicación de las leyes relativas a la violencia contra la mujer

Los elementos siguientes son de fundamental importancia y deben abordarse en la ley para garantizar su aplicación efectiva:

  • Plan de acción nacional o local, con inclusión de un enfoque interinstitucional o una respuesta comunitaria coordinada
  • Presupuesto
  • Formación y fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios públicos
  • Unidades especializadas de la policía y el ministerio público
  • Tribunales especializados u otros mecanismos para la resolución de disputas
  • Protocolos, directrices, normas y reglamentos
  • Plazo para la activación de las disposiciones legislativas
  • Sanciones a las autoridades competentes por incumplimiento

(Véase: Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer, de las Naciones Unidas, 3.2)

 

Cada uno de estos componentes se trata en diversos apartados infra, pero a continuación se ofrecen varios ejemplos de leyes de todo el mundo a modo de referencia rápida.

  • Plan de acción nacional o local con inclusión de una respuesta comunitaria coordinada
    En su preámbulo, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de España especifica: “La violencia de género se enfoca por la Ley de un modo integral y multidisciplinar, empezando por el proceso de socialización y educación”. En la exposición de motivos, se afirma que por esta ley “se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus víctimas”.
  • Presupuesto
    La Ley de Violencia contra la Mujer (en inglés) de los Estados Unidos y sus reautorizaciones posteriores crean líneas de financiación específicas para programas de ONG con el fin de abordar la violencia contra la mujer en las comunidades de todo el país, incluso entre poblaciones especiales como las comunidades rurales y las comunidades indígenas. Véase: sec. 101, Mejoras en las subvenciones destinadas a poner fin a la violencia contra la mujer.
  • Formación y fortalecimiento de las capacidades
    La Ley de Medidas contra la Violencia en las Relaciones Familiares (en inglés) de Albania exige que los ministerios pertinentes creen programas de formación específicos para proveedores de servicios clave como la policía y los empleados de servicios sociales. Véase: art. 6.
  • Unidades especializadas de la policía y el ministerio público
    La Ley contra la Trata de Personas (en inglés) de Myanmar exige la creación de “una fuerza especialmente instruida para la prevención de la trata de personas” y la “investigación y exposición rápidas y efectivas”. Véase: art. 8.e.
  • Tribunales o juzgados especializados
    La Ley Modelo sobre Acoso Sexual (en inglés) de la Comunidad del Caribe establece un tribunal especializado para entender de los casos de acoso sexual en el lugar de trabajo, la educación, la vivienda y la provisión de bienes y servicios.
  • Protocolos, directrices, normas y reglamentos
    La Ley de Delitos Sexuales (en inglés) de Kenya estipula la promulgación de reglamentos para aplicar la legislación relativa a la agresión sexual, la violación y el acoso sexual.
  • Plazo para la activación de las disposiciones legislativas
    La Ley 9262 de la República (en inglés) de Filipinas afirma en su sección 46: “En el plazo de seis (6) meses a partir de la aprobación de esta Ley, el Departamento de Justicia,