Legislación

En esta base de conocimientos, la referencia a ciertas disposiciones o artículos de una ley, partes de una sentencia judicial o aspectos de una práctica no implica que la ley, sentencia o práctica se consideren en su integridad un buen ejemplo o una práctica prometedora.

Algunas de las leyes que aquí se mencionan pueden contener disposiciones que autoricen la pena de muerte. Tomando en cuenta las resoluciones 62/14963/16865/206 y 67/176 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que piden el establecimiento de una moratoria del uso de la pena de muerte y su abolición final, la pena de muerte no debe incluirse en las disposiciones condenatorias por delitos de violencia contra las mujeres y niñas.

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Acoso sexual en el deporte Recursos
Disposiciones sobre inmigración Recursos para elaborar legislación sobre la trata de mujeres y niñas
Servicios para las víctimasEducación y sensibilización de la opinión pública Herramientas para la redacción de legislación sobre las prácticas nocivas
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Definiciones y formas de maltrato a las viudas Otras disposiciones sobre el maltrato a las viudasRecursos sobre el maltrato a las viudas
Otras disposiciones relacionadas con las leyes sobre violencia doméstica y violencia relacionada con la dote
Y después de la campaña, ¿qué?Recursos para promover la promulgación de nueva legislación o la reforma de la existente
Introducción Financiación de la aplicación de las leyes Empleadores y sindicatos Recursos para aplicación de las leyes
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Creación de un programa de respuesta comunitaria coordinada

Última editado: October 30, 2010

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Existen varios tipos de respuesta comunitaria coordinada a la violencia contra la mujer:

  • Asociación comunitaria: Modelo menos formal, de base, en el que un organismo de supervisión colaborador ayuda a coordinar las actividades;
  • Intervención comunitaria: Centrada en la formación y el fortalecimiento de las capacidades para organizaciones dedicadas a prestar servicios a las mujeres, exigir responsabilidades a los agresores y prevenir la violencia;
  • Organización comunitaria: Centrada en la sensibilización y el fomento de la acción en el ámbito de la comunidad; y
  • Enfoque interinstitucional: Centrado en asegurar la coordinación entre las partes del sistema de justicia y otros proveedores de servicios, actuando a partir de un plan de acción común.

(Véase: Violencia doméstica: La legislación y su aplicación (en inglés), págs. 40-45, UNIFEM, 2009)

  • El Centro contra la Violencia y los Abusos de Minnesota (en inglés) presenta información adicional sobre la creación y el funcionamiento de una serie de programas en todo el territorio de los Estados Unidos. Sea cual sea el formato, las personas que participan en los programas de respuesta comunitaria coordinada deben desarrollar:
    • un marco filosófico compartido sobre la violencia contra la mujer;
    • la comprensión de las funciones de las demás personas; y
    • un plan para mejorar la respuesta de diferentes instituciones y organismos a la violencia contra la mujer.

Sistemas de evaluación

  • Mapear las experiencias de las mujeres que han sido víctimas de violencia es un elemento clave de la elaboración de una respuesta coordinada. Documentar las experiencias de las mujeres cuando piden ayuda a la policía o a otras personas o instituciones, tratan de acceder a servicios, obtienen ayuda jurídica, encuentran atención de la salud física y mental, etc., es el primer paso para identificar a los asociados que deberían incluirse en una red de respuesta comunitaria coordinada y ayudará a dar prioridad a colmar las lagunas en la aplicación. [Link to the Monitoring Chapter of this asset] Mapear las experiencias de los activistas que intentan ayudar a las mujeres a escapar de la violencia y a recuperarse de ella también puede proporcionar ideas importantes. El mapeo se realiza a menudo en forma de casos de estudio de mujeres individuales o de estudios consolidados de evaluación de las necesidades. El informe Qué desperdicio: Argumentos a favor de una estrategia integrada sobre la violencia contra la mujer (en inglés), producido por la Comisión Nacional de Mujeres, presenta ejemplos de casos de estudio individuales del Reino Unido que se utilizaron en el proceso de mapeo para una respuesta integrada. El informe de The Advocates for Human Rights sobre la aplicación de las leyes contra la violencia doméstica en Bulgaria (en inglés) es un ejemplo de cómo pueden usarse los archivos de los tribunales y las entrevistas de investigación sobre derechos humanos para mapear la aplicación.

PRÁCTICA PROMETEDORA: Auditorías de seguridad para rastrear la respuesta de los sistemas

La auditoría de seguridad (en inglés) es una herramienta desarrollada por la organización Praxis International, radicada en los Estados Unidos, en el contexto de la violencia doméstica para ayudar a determinar si las políticas y los procedimientos ideados con ese fin promueven realmente la seguridad de las mujeres. La auditoría de seguridad corre a cargo de un equipo multidisciplinar formado por representantes de las instituciones y los sistemas auditados que examina si las rutinas de trabajo y las formas de llevar a cabo las actividades fortalecen u obstaculizan la seguridad de las víctimas. El equipo de auditoría revisa todos los aspectos de la respuesta interinstitucional a la violencia y busca las lagunas que puedan generar riesgos de seguridad para las víctimas. La auditoría se centra en comprender cómo 1) la víctima pasa a ser un “caso” judicial; 2) se coordinan y organizan las respuestas a ese caso dentro de las instituciones que intervienen y entre dichas instituciones; y 3) la complejidad del riesgo y la seguridad varía en cada víctima individual. El equipo de auditoría lleva a cabo entrevistas e investigación de observación, y examina las pruebas documentales que se van creando a medida que los sistemas responden a las víctimas. El análisis se centra después en cómo se derivan riesgos para las mujeres de los sistemas existentes y cómo se pueden eliminar esos riesgos. Este proceso proporciona una retroalimentación fundamental a la respuesta comunitaria a los casos de violencia contra la mujer. La Guía para auditorías de seguridad y rendición de cuentas de Praxis International (en inglés) ofrece amplia información sobre el método de la auditoría y su proceso de recopilación y análisis de datos. Las plantillas, ilustraciones y hojas de trabajo de la Guía exponen los fundamentos filosóficos de la auditoría de seguridad, aclaran los pasos y las metodologías de la recopilación de datos y proporcionan una base de conocimientos para el trabajo del equipo.

 

Identificación de asociados

  • Los asociados de los programas de respuesta comunitaria coordinada pueden proceder de todos los sectores pertinentes, tanto públicos como privados. Aunque cada comunidad es diferente, los factores clave que han de considerarse incluyen:
    • Organizaciones de defensa
    • Educadores
    • Empleadores y sindicatos
    • Grupos confesionales y dirigentes tradicionales
    • Departamentos o ministerios del gobierno
    • Proveedores de atención de la salud
    • Organismos encargados de hacer cumplir la ley
    • Sistema judicial: jueces, fiscales, empleados de los tribunales, etc.
    • Medios de comunicación
    • Grupos de hombres
    • Padres y madres
    • Proveedores de servicios sociales
    • Víctimas/supervivientes
    • Grupos de jóvenes
  • En un proyecto piloto de programa de respuesta comunitaria a la violencia doméstica en Queensland, Australia, por ejemplo, entre los asociados figuraban el ayuntamiento de Brisbane, el Departamento de Familias, el Departamento de Justicia y del Fiscal General, el Departamento de Servicios Penitenciarios, el Servicio de Policía, la Oficina de Política de la Mujer, el Tribunal de Familia de Australia, el Centro de Recursos sobre Violencia Doméstica, el Grupo Combinado de Refugios para Mujeres, el Servicio Jurídico de la Mujer, el Grupo de Enlace del Alcalde para la Mujer y el Servicio de Apoyo a las Mujeres Inmigrantes. Véase: Respuesta comunitaria coordinada a la violencia doméstica. Proyecto piloto de Wynnum (en inglés). En Eritrea, un grupo especial nacional de coordinación sobre la mutilación genital femenina incluía a representantes del Ministerio de Salud,