ESCAPE RAPIDO DE SITIO

Principales desafíos

Inequidad de género

Impunidad

Insuficiente inversión en recursos humanos, técnicos y financieros.

Débiles mecanismos de coordinación y monitoreo a nivel nacional

Escasa información e investigación

Atención limitada a temas y grupos desatendidos.

Escasez de evaluaciones y evidencias  que guíen la planificación

Limitado ámbito y cobertura de servicios e intervenciones

Baja demanda de servicios por parte de los sobrevivientes a la violencia

Fragmentación de esfuerzos para prevenir y responder ante la violencia

Inequidad de Género

Las históricas y múltiples formas de inequidad que persisten entre hombres y mujeres a lo largo de todas las sociedades permiten que la violencia contra las mujeres y niñas continúen en los escenarios públicos y privados. La discriminación y las barreras que impiden a mujeres y niñas ejercitar sus derechos, acceder a servicios y a más oportunidades aumentan enormemente los riesgos de que ellas experimenten violencia. Las normas de género socialmente aceptadas y los valores respecto a lo que constituyen relaciones interpersonales y conductas aceptables son inculcados desde la infancia. Por ejemplo, en muchas sociedades las niñas son criadas para ser más sumisas y  para someterse a la autoridad masculina, mientras los niños son enseñados a ser más controladores, dominantes y agresivos –además de reflejar roles de género respecto a qué se espera de ellos en sus siguientes años de vida respecto a cómo convertirse en una mujer (esposa y madre) y qué significa ser un hombre (un proveedor y protector viril).

La manera como son socializados hombres y mujeres así como las definiciones e interpretaciones de feminidad y masculinidad establecen posiciones de relativo poder y control tanto en los hogares como en la sociedad. Estas mismas normas que gobiernan las relaciones de poder en base al género influyen en cómo se percibe y tolera la violencia contra las mujeres y niñas en los diferentes contextos. Asimismo, estas normas, junto a los prejuicios de género y actitudes discriminatorias, frecuentemente se impregnan en diversos sectores al interior del gobierno, siendo más probable que los funcionarios públicos mantengan muchas de las mismas perspectivas de quienes viven con ellos en sociedad. Por ello, abordar la inequidad de género es crucial para los sectores responsables de administrar justicia, para los servicios sociales, de salud y de seguridad dirigidos a  sobrevivientes y para quienes son responsables de la educación de niños y niñas.

Por ello, entre los grandes retos para acabar con la violencia contra mujeres y niñas se encuentran por un lado, el desenmascarar cómo roles y actitudes de género perjudiciales están profundamente arraigados en toda la estructura de las sociedades, y por otro lado,  la promoción de valores de respeto muto y equidad.

Impunidad

La falta de responsabilidad estatal de tratamiento integral de la problemática de la violencia contra las mujeres y niñas es un significativo obstáculo para acabar con el problema. La aceptación generalizada de la violencia contra la mujer, la falta de voluntad política,  la falta de adecuadas protecciones legales así como de la aplicación de las normas, la insuficiente asignación de recursos y/o un escaso cumplimiento de compromisos nacionales contribuyen a que la impunidad impere. Ello se evidencia especialmente en aquellos países y comunidades cuyos sistemas de justicia son débiles, donde el uso de prácticas consuetudinarias del derecho así como el uso extendido de mecanismos informales de justicia  pueden contradecir los estándares de los derechos humanos internacionales. En tales contextos, el acceso a la justicia formal para mujeres y niñas sobrevivientes de la violencia puede estar entorpecido por los prejuicios de género y actitudes discriminatorias, el estigma social y las restricciones financieras (relacionadas a la inferior posición económica de las mujeres). Eliminar la violencia  requiere adecuados mecanismos de judicialización y la sanción a los perpetradores,  una igual protección de la mujer ante la ley así como un igual acceso a la justicia (sometido al escrutinio público), y la eliminación de actitudes que promuevan, justifiquen o toleren la violencia contra la mujer. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2006; AusAID, 2008)

Insuficiente inversión en recursos humanos, técnicos y financieros

Si bien un creciente número de países  han adoptado normas y políticas, raramente ellas van acompañadas de una suficiente asignación de presupuesto, de mejoras necesarias a nivel institucional, de dotación de personal, de infraestructura u otros apoyos que  puedan requerirse a nivel nacional o subnacional para su puesta en práctica.  Por otro lado, las capacidades y conocimientos requeridos para prevenir y responder eficazmente frente a la violencia contra las mujeres y las niñas, incluidas en los programas basados en evidencias, son frecuentemente limitados, especialmente en contextos donde los recursos son escasos. Esta situación se agrava cuando existe una alta rotación de personal, lo cual plantea desafíos adicionales  para lograr retener un cuadro de personas experimentadas y capacitadas. Para que los gobiernos puedan cumplir con los compromisos que han asumido para terminar con la violencia contra las mujeres y las  niñas es fundamental que a lo largo de los diversos sectores se cuente con inversiones sostenidas y de largo plazo que incluyan el fortalecimiento de la especialización y la construcción de un mínimo de conocimientos en áreas clave, así como mejoras para remover cuellos de botella durante la provisión de servicios.

Débiles mecanismos de coordinación y monitoreo a nivel nacional

El abordaje de la violencia contra mujeres y niñas necesita una aproximación multisectorial, debiendo incluir al menos a los sectores sociales, legales, educativos, de seguridad y salud, así como otros sectores claves como el laboral, de migración y planificación urbana, entre otros. A diferencia de lo que ocurre con sectores autónomos, no existe una entidad gubernamental “natural” que asuma la coordinación de la tarea de eliminación de la violencia contra las mujeres. En muchos casos el ente encargado será el Ministerio de Asuntos de la Mujer o su equivalente, el cual frecuentemente no cuenta con los recursos suficientes y carece de influencia política e institucional dentro del gobierno. Otros mecanismos y procesos tales como los enfoques de sectores amplios y de descentralización plantean desafíos adicionales para la coordinación y monitoreo de la puesta en práctica de políticas y programas en lugares donde la violencia contra la mujer puede no ser percibida como una prioridad. Por ello, los canales formales de comunicación e información que puedan compartir las entidades gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en este tema necesitan tener respuestas  efectivas y coordinadas.

Escasa información e investigación

A pesar de tratarse de un área que ha merecido creciente atención e inversión, la información estadística  sobre la magnitud, naturaleza y consecuencia de la violencia contra las mujeres y niñas aún permanece limitada. Estudios cuantitativos realizados aproximadamente en 100 países, aplican una amplia variedad de métodos en cuanto al tamaño de la población estudiada y al  tipo de información recolectada. Sin embargo, usualmente, los estudios no recogen todas las formas de la violencia ni reflejan las variantes existentes entre diferentes grupos de mujeres dentro de un país determinado u otra información desagregada útil para la planificación. Los estudios basados en la población (de los cuales hay pocos) son las fuentes más confiables de información pero su puesta en práctica es costosa y requieren de conocimientos técnicos. Si dichos estudios no son puestos en práctica de modo regular (cada cinco a diez años), no podrá ser monitoreado el  avance alcanzado a lo largo del tiempo en la reducción de la prevalencia e incidencia de la violencia contra mujeres y niñas. Asimismo, los mensajes de alto impacto dados en acciones de  incidencia que no respaldados mediante información rigurosa dificultan la continuidad de esfuerzos para garantizar un compromiso  e inversión de políticas.

Atención limitada a temas y grupos desatendidos

Escasa atención se ha prestado a ciertas formas de violencia, a ciertos grupos de mujeres o a particulares contextos, así como a sus costos y consecuencias. Esto se debe en parte se debe a la falta de información y análisis que puedan ayudar a desarrollar una comprensión de cómo varía la violencia según se trate de diversas partes de la población y de situaciones diferentes. Ello  varía según el país y región, pero incluye:

  • Feminicido
  • Violencia contra grupos marginados o excluidos, tales como mujeres indígenas, trabajadoras domésticas, mujeres en prisión y trabajadoras migrantes (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2006)
  • Violencia sexual y violación dentro del matrimonio y la experimentada por niñas adolescentes y jóvenes mujeres en todos los contextos
  • Las interrelaciones  entre la violencia contra las mujeres y el  HIV y SIDA
  • Acoso y violencia sexual en espacios públicos tales como el transporte público, mercados, ciudades, escuelas, campos agrícolas y otras localidades comunes.
  • La violencia política dirigida a las mujeres durante las elecciones, compitiendo por un cargo público o en posiciones de altos niveles de toma de decisiones.
  • Violencia durante escenarios de conflicto, post conflicto y de emergencia.
  • Prevención primaria (esfuerzos para detener la violencia antes que ocurra, trabajando con grupos estratégicos tales como  hombres, adolescentes o niños que han sido testigos de abuso).

Los citados temas y contextos con frecuencia están ausentes, quedan desatendidos o se les ha asignado poca importancia a nivel de acciones de incidencia, políticas o planificación. Como consecuencia de ello, se han visto entorpecidos  o retrocedidos tanto la identificación como el desarrollo de estrategias y enfoques efectivos sobre la violencia contra  las mujeres.

Escasez de evaluaciones y evidencia para guiar la planificación

Relacionado con el descuido y la falta de recursos que por años ha caracterizado el  tratamiento de la violencia contra las mujeres, está la escasez de evaluaciones y por lo tanto, los escasos conocimientos sobre enfoques ya probados que puedan servir de guía  para las políticas y la planificación. Si bien se han acumulado gran cantidad de conocimientos provenientes  de un enfoque basado en evidencias, constituye un desafío identificar buenas prácticas o prácticas promisorias así como estrategias que sean eficaces para prevenir y hacer frente a la violencia contra las mujeres, así como ante la ausencia de recopilaciones más rigurosas de evaluación de conclusiones. Hasta ahora, las iniciativas desarrolladas han incluido muy pocas veces suficientes recursos para  realizar evaluaciones sobre las líneas de base, o para disponer de suficientes marcos para la evaluación y monitoreo así como para las actividades a realizar. Esto hace imposible determinar la correlación existente entre los programas de intervención y los cambios que puedan observarse.

En aquello lugares donde se han realizado evaluaciones, éstas frecuentemente varían mucho en la metodología, rigor, magnitud y alcance (por ejemplo, se enfocan únicamente en un sub grupo de mujeres u hombres, o en una sola ubicación), haciendo difícil arribar a conclusiones que puedan transferirse para ser adaptadas a otros escenarios diversos a nivel social o regional. Estos factores son un límite para una mayor comprensión sobre qué enfoques son exitosos y cuál es el impacto real de los programas, e impiden la identificación de prácticas que puedan ser mejoradas o adaptadas para ser implementadas en diferentes contextos de los países

Para aprender más sobre  cómo desarrollar actividades de monitoreo y evaluación, ver la Sección de Monitoreo y Evaluación.

Para aprender más sobre  la evidencia disponible hasta la fecha, ver los módulos de planificación específicos en la página inicial del Centro de Conocimiento Virtual.

Limitado ámbito y cobertura de servicios e intervenciones

En la mayoría de países, considerando especialmente la magnitud en el número de afectados, los servicios para sobrevivientes son muy limitados tanto en su ámbito como en su alcance. Ello se relaciona con la escasa prioridad e insuficiente inversión realizada para abordar el problema. Si bien pueden existir servicios, éstos  frecuentemente se concentran en centros urbanos o grandes ciudades, y es poco probable que sean integrales, posiblemente porque se enfocan en uno o unos cuantos sectores y carecen de capacidades para realizar acciones de coordinación y referencia necesarias. Muchos servicios hasta hoy (especialmente refugios/casas seguras, de asistencia legal u otras ayudas) son provistos por organizaciones no gubernamentales o de mujeres, los cuales carecen de  recursos  suficientes y únicamente pueden llegar a  un número pequeño de la población.

Adicionalmente, los enfoques existentes pueden no llegar a grupos especialmente vulnerables o en situación de riesgo, tales como niñas adolescentes, migrantes, indígenas u otros grupos de mujeres dentro de la población  para quienes los esfuerzos de cobertura dirigidos a  grupos ya establecidos serían insuficientes. Además es limitada la existencia de programas de prevención primaria, como resultado de una escasez de inversión en esta área y el hecho que la mayoría de intervenciones se han enfocado en apoyar a los sobrevivientes luego de que el abuso ya ha ocurrido.

Baja demanda de servicios por parte de los sobrevivientes a la violencia

Existen muchas razones debido a las cuales mujeres y niñas pueden no buscar servicios, algunas son de índole personal y otras resultan de la sistemática discriminación que enfrentan por parte de las instituciones y comunidades que las rodean. Algunos de  estos factores son:

  • El temor a enfrentar el estigma y juzgamiento por los proveedores de los servicios, los miembros de la comunidad, por sus familias y amigos;
  • Las actitudes negativas y la deficiente calidad de cuidado/atención por parte de los proveedores de servicios (en especial, de aquellos que son el primer punto de contacto: personal policial y de salud);
  • Limitado conocimiento de sus derechos legales, los recursos y servicios disponibles para ellas y la existencia de otros mecanismos a los cuales acudir.
  • Imposibilidad de acceder a los servicios por falta de transporte, tiempo o dinero;
  • Movilización restringida;
  • Toma de decisiones restringida al interior del hogar;
  • El temor de recibir represalias por parte de una pareja abusiva (especialmente cuando la capacidad de intervención policial es mínima y las medidas de protección no son monitoreadas de cerca);
  • Dependencia financiera del esposo, pareja o familia en conjunto sin que existan oportunidades o alternativas para obtener ingresos económicos;
  • Intimidación y dudas respecto a involucrarse en procedimientos y en un sistema legal complejo que no son sensibles al género y que pueden re victimizarlas; y
  • El temor de perder la custodia de los niños.

Fragmentación de esfuerzos para prevenir y hacer frente ante la violencia

Cuando no existe un sólido plan nacional multisectorial, un órgano de coordinación y mecanismos formales de colaboración así como  de intercambio de información, la mayoría de intervenciones son programadas y puestas en práctica de modo aislado unas de otras. Como resultado, los enfoques generales para eliminar la violencia contra mujeres y niñas, quedan vacíos, los servicios son incompletos y desiguales; los esfuerzos de prevención ad-hoc  son independientes de los esfuerzos de respuesta; así como hay una desconexión de normas y políticas con las realidades que las rodean. Los esfuerzos fragmentados a nivel local van a significar que los sobrevivientes no  puedan acceder a servicios integrales o necesiten viajar largas distancias  y a muchos lugares para ser recibidos, requiriendo repetir su historia una y otra vez, colocándose en sus propios hombros la carga de realizar las coordinaciones y seguimiento a sus trámites médicos, policiales y legales. Los esfuerzos fragmentados también van a significar que sea poco probable que la información administrativa sea  sistematizada, afectando la capacidad de contar con ella de un modo preciso, así como con registros consistentes que puedan dar luces sobre la naturaleza y magnitud del problema; o con información sobre qué  respuestas están funcionando y cuáles otras necesitan ser reelaboradas. Asimismo, estos esfuerzos fragmentados dificultan  integrar las conclusiones con los marcos de políticas y planificación dirigidos a los múltiples involucrados.