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Las Resoluciones del Consejo de la Asamblea General de las Naciones Unidas

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado varias resoluciones sobre la intensificación de los esfuerzos encaminados a eliminar todas las formas de violencia contra la mujer. Entre ellas figuran:

  • La Resolución 61/143, aprobada en 2007, en la que se recuerda a los Estados que no deben utilizar las costumbres, las tradiciones o las creencias religiosas como una excusa para eludir su obligación de eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. Se les insta también a que articulen un enfoque sistemático e integral del problema, por ejemplo, revisando las leyes y normas relacionadas con la violencia contra las mujeres y las niñas, preparando las modificaciones o revisiones necesarias, poniendo fin a la impunidad frente a los actos de violencia mediante el procesamiento de los responsables, facilitando formación a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y a la judicatura, y asignando los recursos necesarios a estas iniciativas. Se subraya que las niñas y las mujeres corren un peligro especial en las situaciones de conflicto o posteriores a un conflicto, se insta a los Estados a recopilar y analizar datos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas y se pide al Secretario General que cree una base de datos coordinada que contenga información proporcionada por los Estados sobre todos los aspectos de las políticas, las leyes y los programas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas.
  •  En la Resolución 62/133, adoptada en 2008, se pide un amplio respaldo a las iniciativas nacionales encaminadas a eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas y se pone de relieve que se deben asignar en el sistema de las Naciones Unidas los recursos suficientes para promoverlas.
  • En la Resolución 63/155, adoptada en 2009, se toma nota del lanzamiento de la campaña del Secretario General para poner fin a la violencia contra la mujer, titulada “Unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres”. Se subraya la importancia de proporcionar formación a los funcionarios encargados de aplicar las políticas y los programas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas y se sugiere que los Estados elaboren un plan nacional en colaboración con las partes interesadas pertinentes. Se insta también a los Estados a que evalúen los efectos de la legislación vigente en materia de violencia contra la mujer, en particular las causas de la baja tasa de denuncias, y a que modifiquen las leyes y los procedimientos donde sea necesario. En la resolución se exhorta a los Estados a tìpificar como delitos todas las formas de violencia contra la mujer y a reparar el daño causado a las víctimas. De manera significativa, se hace notar que el deseo de una víctima de no presentar cargos no debe ser un impedimento para enjuiciar a los responsables y que se debe facilitar a estas víctimas asistencia letrada para que puedan tomar decisiones con conocimiento de causa. Se insta también a los Estados a que creen refugios y centros de crisis para apoyar a las víctimas y a que garanticen “la rehabilitación adecuada y completa de las víctimas de la violencia y su reintegración en la sociedad”.