El acoso sexual en la enseñanza puede estar expresamente prohibido o puede estar incorporado en la legislación que prohíbe el acoso en cualquier tipo de relación de dependencia o especial confianza.

• La Ley de Igualdad de Género (en inglés) de Estonia define el acoso sexual como el que tiene lugar cuando “en una relación de subordinación o dependencia se produce algún tipo de actividad o conducta verbal, no verbal o física no deseada y de carácter sexual cuyo fin o efecto es la violación de la dignidad de la persona, especialmente si se crea un entorno perturbador, intimidante, hostil, degradante, humillante u ofensivo […]”, cap. 1, art. 3.5.

• La ley pertinente de Israel, que adopta un enfoque intermedio, tiene especialmente en cuenta a la “persona menor de edad o en situación de desamparo, [o] cuando se explota una relación de autoridad, dependencia, educativa o terapéutica”. Véase: Ley de Prevención del Acoso Sexual (en inglés), art. 3.a.6.a.

• En Kenya, el derecho penal se ocupa específicamente del profesorado y de otro personal escolar. La Ley de Delitos Sexuales (en inglés), en su artículo 24.4, dispone una pena de prisión no inferior a 10 años para:

[...] toda persona que siendo director, profesor o empleado de un centro de educación primaria o secundaria o de una institución de enseñanza especial, ya sea formal o informal, aproveche su posición oficial y convenza o seduzca a un alumno o estudiante para mantener relaciones sexuales, o cometa cualquier otro delito previsto en esta ley, como relaciones sexuales no constitutivas del delito de violación o corrupción de menores.

• En el Reino Unido, la Ley de Delitos Sexuales (en inglés), en su parte 1, art.16, 21-22, tipifica como delito las relaciones sexuales, los tocamientos de carácter sexual y varios tipos más de actividad sexual cuando el adulto está en una posición de confianza con respecto al menor, incluidos los docentes o el personal de instituciones educativas.

• La legislación debe establecer claramente que la prohibición de acoso sexual se aplica por igual al personal docente y a otro personal adulto en instituciones educativas. La ley pertinente de Suecia especifica que “empleados y contratistas que participan en actividades [educativas] estarán equiparados a la institución educativa cuando actúen en el contexto de su contrato de trabajo”. (Véase: Ley contra la Discriminación (en inglés), cap. 1, art. 5)