Aplique el modelo ecológico para determinar los factores de riesgo relacionados con los actos de violencia o los que contribuyen a la impunidad

Última editado: December 30, 2011

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Eliminar la violencia contra la mujer requiere no solo centrarse en la prevención y detención del comportamiento violento de autores individuales, sino también en la transformación de las actitudes, comportamientos y prácticas fundamentales que toleran la violencia en el plano de las relaciones, la comunidad y la sociedad (UNODC, 2010). Las intervenciones con personal de seguridad sobre la cuestión deberían atraer la participación de organizaciones especializadas en el cambio de comportamiento de la comunidad o la sociedad,  para garantizar que los factores de riesgo en todos los niveles del modelo ecológico (Heise, 1998) se tengan en cuenta al elaborar y ejecutar los programas del sector de la seguridad. Por ejemplo, los factores de riesgo relativos a la comisión de actos de violencia contra las mujeres y niñas incluyen:

  • Factores de riesgo individuales: 
    • Que un niño sea testigo de violencia o sea víctima de abuso por personal de seguridad, por ejemplo, en comunidades en que la brutalidad policial es común o hay grupos armados en la zona, o en Estados gobernados por las fuerzas armadas;
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    • El reclutamiento de jóvenes y niños por grupos o pandillas armados y la perturbación o limitación conexa de las oportunidades educacionales de los miembros;
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    • La falta prolongada de apoyo familiar y social, por ejemplo, la que experimentan los hombres y niños que participan en actividades de grupos de iguales que ejercen control social o realizan la conscripción obligatoria o son secuestrados por grupos amados en situaciones de conflicto;
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    • El uso indebido de estupefacientes, que podría ser uan respuesta a experiencias traumáticas, como la exposición permanente a delitos muy violentos.
  • Factores de riesgo en las relaciones: 
    • La influencia negativa de los compañeros y colegas del mismo nivel social que promuevan una expresión de la masculinidad que considera normal la violencia y la agresión y la inferioridad de la mujer (tanto en su hogar como en la comunidad y el lugar de trabajo). Eso es especialmente pertinente en instituciones dominadas por los hombres, como las fuerzas armadas;
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    • El estrés económico o las diferencias en la capacidad de obtener ingresos entre los hombres y sus asociados, que podría exacerbarse, por ejemplo, cuando el personal de seguridad masculino recibe una remuneración insuficiente o irregular y no está en condiciones de mantener a su familia.
  • Factores comunitarios e institucionales: 
    • Las normas institucionales que promueven o perpetúan la creencia de que el personal de seguridad tiene derecho a usar la violencia (incluidas tácticas como el acoso y la agresión sexuales). Estas normas pueden estar arraigadas en los sistemas sociales que ponen a la policía y el personal armado por encima de la ley y desalientan el disenso o el cuestionamiento de su autoridad, lo que también se refleja en las comunidades y comisarías en que trabajan (por ejemplo, cuando se tolera o aprueba como respuesta apropiada la violencia contra las mujeres cuya conducta se considera una violación de las normas sociales o una falta de respeto a la autoridad policial);
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    • Las prácticas institucionales que promueven la agresión y la dominación masculina, en particular durante las actividades de reclutamiento o iniciación (que podrían entrañar la violación u otros abusos de derechos humanos);
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    • Los procesos de formación institucional que promueven los estereotipos negativos de las mujeres y niñas.
  • Factores de riesgo de la sociedad: Las relaciones personales del personal de seguridad y sus interacciones con la comunidad se ven fuertemente influenciadas por fuerzas sociales más amplias, como intereses económicos, normas sociales, creencias culturales, leyes y políticas, así como por ideologías políticas. Los factores de riesgo que contribuyen a la violencia en este nivel son, entre otros, los siguientes:
    • Los patrones históricos y sociales que establecen como norma o glorifican la violencia por el sector de la seguridad, incluidos el silencio o la aceptación de la violencia sexual y/o doméstica;
    • Las leyes discriminatorias que no obligan al sector de la seguridad a proteger a las mujeres en situación de riesgo o a las supervivientes de la violencia, o las políticas de seguridad discriminatorias;
    • Las normas sociales que otorgan el control del comportamiento femenino a los hombres o lo toleran, y que el personal de seguridad ha internalizado.

     

    Ejemplo: Gender and Security Needs Assessment in Liberia and Sierra Leone (Evaluación de las necesidades en materia de género y seguridad en Liberia y Sierra Leona)

    El Centro de Ginebra para el control democrático de las fuerzas armadas (DCAF), en asociación con la Women Peace and Security Network Africa (WISPEN-Africa) llevó a cabo evaluaciones de las necesidades en Liberia y Sierra Leona al comienzo de un proyecto destinado a fortalecer la integración de las cuestiones de género y de la mujer en la reforma del sector de la seguridad; y a aumentar la capacidad del personal de seguridad femenino como factor de cambio desde el sector. La evaluación tuvo por objeto generar antecedentes sobre las iniciativas y prácticas prometedoras existentes; establecer los conocimientos de los interesados en materia de género y reforma del sector de la seguridad para evitar la duplicación de esfuerzos y aprovechar al máximo los recursos limitados; y aumentar la concienciación, participación, implicación y sostenibilidad de la iniciativa (WIPSEN-Africa, 2008). La evaluación incluyó:

    • La investigación de antecedentes
    • Una encuesta sobre la actitud de la comunidad con una muestra representativa de entrevistas locales (por ejemplo, jefes locales, dirigentes de asociaciones comunitarias de mujeres y grupos confesionales y de jóvenes)
    • Entrevistas con informantes clave y cuestionarios para funcionarios y dirigentes (unos 50 por país), usando versiones separadas para los interesados del sector, miembros de la comunidad, personal femenino y la sociedad civil, y una combinación de preguntas abiertas y cerradas, de selección múltiple y otras que utilizaron la escala de Likert.
    • Grupos de reflexión (por ejemplo, la Comisión Parlamentaria de Asuntos de Defensa, Internos y Presidenciales de Sierra Leona).

    Las principales conclusiones relacionadas con la violencia de género que se destacaron en el informe incluyeron:

    • La violencia doméstica y sexual eran las principales amenazas a la seguridad para todos los grupos de interesados
    • La permanente resistencia al apoyo pleno de la inclusión de la mujer en el sector de la seguridad
    • El personal de seguridad femenino señaló:
      • La marginación de la mujer de los procesos de adopción de decisiones y la dominación masculina como amenaza, así como la necesidad de destacar la desigualdad entre los géneros
      • La familiaridad con las dependencias de apoyo a la familia como una medida para abordar la violencia de género
      • Limitaciones al papel y el potencial para el adelanto del personal femenino (por ejemplo el entorno de desmotivación que desalientaaba la elección de carreras en el sector de la seguridad por las mujeres
    • Las organizaciones de la sociedad civil (principalmente las que trabajaban en relación con cuestiones de seguridad, justicia y género) destacaron:
      • La falta de consultas, por lo general limitadas al intercambio de información o la participación en reuniones
      • La falta de un impacto claro resultante del proceso de reforma
    • Los miembros de la comunidad (por ejemplo, mujeres de base comunitaria, grupos confesionales, dirigentes locales, jóvenes) señalaron:
      • El bajo nivel de confianza en la policía, que se consideraba corrupta y mal preparada para ocuparse de los casos denunciados, aunque el nivel de confianza en las fuerzas armadas era mayor
      • La necesidad de contar con una policía comunitaria, evaluaciones locales de los posibles nuevos funcionarios de seguridad, audiencias públicas sobre cuestiones de seguridad e iniciativas para incrementar la contratación de mujeres
      • Opiniones desiguales sobre el impacto de la representación de la mujer dentro del sector para obtener la confianza de las comunidades, en particular en relación con la policía

    La evaluación suscitó grandes expectativas de los interesados y recomendaciones de:

    Fuentes: WIPSEN y DCAF. 2008. Needs Assessment; ___.2008. Security Sector Reform in West Africa: Strengthening the Integration of Gender and Enhancing the Capacities of Female Security Sector Personnel'. WIPSEN- Accra.  

Principales herramientas

Needs assessment toolkit on the criminal justice response to human trafficking (Conjunto de herramientas de evaluación de las necesidades sobre la respuesta de la justicia penal a la trata de personas) (UNODC, 2010). La UNODC elaboró este conjunto de herramientas en el marco de la Iniciativa mundial de las Naciones Unidas para luchar contra la trata de personas. Tiene por objeto suministrar una orientación amplia para evaluar la respuesta de la justicia penal a la trata de personas en un Estado determinado. El conjunto de herramientas incluye un cuestionario de evaluación de las necesidades de capacitación (anexo A) que puede utilizarse concretamente para evaluar las necesidades de capacitación de las instituciones de seguridad que se ocupan de la trata de personas o adaptarse para abordar las necesidades de capacitación y prevenir y abordar la violencia contra las mujeres y niñas más ampliamente. Puede consultarse en inglés.  

Based Violence Legal Aid: A Participatory Toolkit (Asistencia jurídica para casos de violencia de género: conjunto de herramientas participativas) (American Refugee Committee International (ARC), 2005). Este conjunto de herramientas está dirigido al personal de seguridad, como la policía local, las fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz y ministerios como los del interior o asuntos internos. El recurso proporciona herramientas y orientación pormenorizada para la concepción, la ejecución y el seguimiento de programas sobre violencia de género que incorporan “estrategias adecuadas, apropiadas y amplias de prevención y respuesta” en el marco de un enfoque multisectorial. Incluye orientación y plantillas para llevar a cabo una evaluación preliminar de los servicios y las necesidades.  Puede consultarse en inglés.