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Mejorar la prestación de servicios de seguridad

Última editado: July 03, 2013

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  • En situaciones de conflicto o posteriores a un conflicto, el personal de seguridad desempeña un papel crucial en la respuesta a los problemas de las víctimas de la violencia. Dicho papel puede incluir: operaciones de rescate, la detención y captura de los agresores, la realización de entrevistas e investigaciones, la realización de interrogatorios forenses y de exámenes medicolegales, la aplicación de las órdenes de protección (cuando proceda) y el registro o comunicación, en condiciones de confidencialidad, de los datos sobre el delito. (Policía Nacional Filipina, Comisión Nacional sobre el Papel de la Mujer Filipina y UNFPA, 2008.) Los servicios prestados como respuesta a denuncias de violencia deben ser sensibles al género desde el principio, para proteger a las víctimas de sufrir más daños y para facilitar la reparación de los crímenes cometidos contra ellas. De este modo se puede prevenir una nueva victimización de las mujeres y las niñas durante la fase de respuesta inmediata a un incidente o durante el proceso de investigación. Una respuesta adecuada puede garantizar que las víctimas reciban la asistencia médica, jurídica y socioeconómica más amplia a la que tienen derecho, así como facilitar el enjuiciamiento de los agresores (adaptado del módulo de Seguridad).
  • En situaciones de conflicto o posteriores a conflictos son muchos los problemas que pueden dificultar una labor de policía sensible al género:
    • problemas generales de seguridad en la comunidad;
    • casos de violencia contra las mujeres y las niñas no denunciados;
    • imposibilidad para reunir pruebas adecuadamente;
    • problemas para localizar e identificar a los sospechosos;
    • falta de seguridad y protección para los testigos y las sobrevivientes;
    • testigos hostiles o que se retractan por sufrir acoso;
    • debilidad del sector de la justicia;
    • sistema de remisión ineficaz a causa de la destrucción o el desplazamiento de las redes y los servicios de apoyo;
    • demasiado pocas agentes en el cuerpo de policía (extracto de PNUD/NEPAL, 2010, p.  6).
  • A pesar de estos problemas, el personal del sector de la seguridad que desempeña labores policiales en favor de las víctimas de la violencia en situaciones de conflicto o posteriores a conflictos debería plantearse los siguientes enfoques para mejorar la prestación del servicio (adaptado del módulo de Seguridad):

1. Promover respuestas sistemáticas y adecuadas a los incidentes violentos

  • Desarrollar directrices, protocolos y procedimientos detallados para orientar a los agentes que reciben la primera llamada de auxilio o que llegan a la escena del incidente.
  • Institucionalizar y aplicar sistemáticamente los criterios técnicos y de calidad del servicio en todas las comisarías de policía o unidades de las fuerzas de seguridad que corresponda.
  • Adaptar los protocolos y procedimientos al contexto específico y fomentar la apropiación entre sus usuarios o afectados.
  • Implementar procedimientos operacionales y códigos de conducta específicos (relacionados con el despliegue y las rutinas de patrulla) para proteger mejor a las mujeres y las niñas.
  • Las investigaciones han constatado que las mujeres con determinados rasgos de identidad (por ejemplo, migrantes, pertenecientes a minorías étnicas, etc.) se pueden enfrentar a un mayor grado de discriminación, acoso e incluso violencia por parte de la policía al pedir ayuda. Algunos estados han intentado sensibilizar a los agentes de policía incorporando formación sobre la violencia contra personas especialmente en riesgo.

2. Establecer procedimientos para una investigación y documentación adecuada de los casos de violencia contra las mujeres y las niñas

  • Garantizar que las técnicas no degraden ni traumaticen más a las sobrevivientes y que minimicen el grado de intrusión en sus vidas.
  • Garantizar que la investigación mantiene unos criterios de reunión de pruebas que puedan contribuir al futuro enjuiciamiento de los casos si la mujer o la niña en cuestión decide proceder por la vía judicial.

3. Garantizar que la respuesta se centra en las sobrevivientes y tiene lugar en un entorno que:

  • Promueva la dignidad de la sobreviviente.
  • Garantice su seguridad física y emocional.
  • No dañe ni culpe a la sobreviviente.
  • No minimice lo que ha sufrido ni ponga en cuestión la veracidad de su declaración (Policía de Sierra Leona y Ministerio de Bienestar Social, Género e Infancia, 2008).

4. Reforzar la coordinación en el ámbito de la comunidad como parte de una red multisectorial de remisión

  • Desarrollar o volver a desarrollar sistemas de remisión eficaces establecidos mediante la cooperación y la coordinación con otros sectores, ya que estos prestan servicios esenciales para las sobrevivientes de la violencia contra las mujeres y las niñas, como asistencia médica, asesoramiento psicológico, protección y refugio, apoyo socioeconómico y asesoramiento jurídico. Asimismo, los actores del sector de la seguridad deberían coordinarse y colaborar entre sí en sus medidas para evitar la violencia contra las mujeres y las niñas y darle respuesta (adaptado de Bastick et  al., 2007). Al decidir qué tipo de remisiones efectuar, es importante considerar:
    • La seguridad de las víctimas: ¿qué riesgo corren las víctimas/sobrevivientes? (véanse a continuación: materiales sobre evaluación de riesgos y planificación de seguridad)
    • Las preferencias de las víctimas: ¿con qué se sienten cómodas las víctimas/sobrevivientes? ¿Qué tipos de servicios considera la víctima que le serán de ayuda?
    • Enjuiciamiento de los culpables: ¿qué intervenciones le ayudarán a llevar al culpable ante la justicia? (Policía de Sierra Leona y Ministerio de Bienestar Social, Género e Infancia, 2008).

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5. Mejorar la seguridad y las colaboraciones en la comunidad

  • Fortalecer la confianza, la colaboración y el compromiso de la comunidad con los actores de la seguridad; promover y sensibilizar sobre la tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres y las niñas mediante la labor policial comunitaria y la coordinación con profesionales de la seguridad no oficial y con mecanismos alternativos.